El Gobierno retuvo fondos de obras públicas por US$ 3.000 millones para asegurar el déficit cero

Recaudaron $8,2 billones para rutas, viviendas y luz, pero gastaron una miseria. El resto lo usaron para comprar bonos del propio Estado y dibujar el superávit.

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El Gobierno nacional subejecutó partidas de fideicomisos estatales y retuvo cerca de US$ 3.000 millones que tenían destino específico por ley para obras de infraestructura, para sostener la meta de déficit cero. Los fondos fiduciarios que siguen en funcionamiento recaudaron más de $8,2 billones y generaron un superávit que fue colocado en títulos y letras públicas.

Según surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto, la administración destina solo una fracción de lo recaudado a sus fines originales. El excedente se invierte en instrumentos del Tesoro para mejorar el resultado financiero y exhibir equilibrio fiscal.

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Se trata de recursos creados por ley con afectación específica: obras viales, viviendas, infraestructura energética y transporte. Al no ejecutarse, las partidas quedan como superávit contable de los fideicomisos, que luego compran deuda pública intra-estado. En la práctica, el Estado se financia a sí mismo con plata que debía ir a obras.

La subejecución explica en parte el freno de la obra pública nacional desde diciembre de 2023. Mientras el Gobierno defiende el ajuste como condición para bajar la inflación, gobernadores e intendentes denuncian rutas deterioradas, obras paralizadas y fondos que se recaudan vía impuestos a los combustibles pero no vuelven en infraestructura.

Desde Economía sostienen que los fideicomisos eran "cajas opacas" y que su reordenamiento forma parte del plan de saneamiento. El oficialismo argumenta que el déficit cero es prioritario y que las obras se reactivarán con financiamiento privado y provincial.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el superávit financiero de estos fideicomisos alcanzó los $ 1,86 billones durante 2024 y los $ 1,23 billones en 2025, sumas equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada año.

Las planillas oficiales reflejan que los fondos ejecutaron solo el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y un 69,7% durante el primer trimestre de este año.

El resto de los activos no utilizados se transfiere a colocaciones financieras bajo la dirección del Ministerio de Economía, registrando un cambio de estrategia donde el resguardo de dinero en plazos fijos del Banco Nación mutó hacia la adquisición directa de instrumentos de deuda del Tesoro.

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Para el transcurso del presente ejercicio, las planillas presupuestarias estiman que las colocaciones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos alcanzarán los $ 1,33 billones. Esta cifra habilita a la cartera económica a disponer de aproximadamente US$ 880 millones adicionales provenientes de las cajas fiduciarias.

Las proyecciones privadas y de centros de estudio señalan que la acumulación de excedentes fiduciarios bajo este esquema financiero rozará los US$ 4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno.

De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, las mayores restricciones de desembolsos se observan en proyectos sensibles como el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias se redujeron un 94%, provocando la parálisis de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.

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Situaciones similares se registran en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento en el territorio nacional.

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