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“VALIJAZO” de la Caja Popular complica cada vez más al cisnerismo

El Banco Macro exigió explicaciones por más de $21.000 millones retirados en efectivo desde cuentas de la Caja Popular. La maniobra vuelve a apuntar contra la gestión cisnerista y suma presión a la investigación sobre el exinterventor José Díaz.

Por Redacción1 min
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“VALIJAZO” de la Caja Popular complica cada vez más al cisnerismo
“VALIJAZO” de la Caja Popular complica cada vez más al cisnerismo

El llamado “Valijazo” de la Caja Popular de Ahorros volvió a sacudir la política tucumana. Más de $21.105 millones habrían sido retirados en efectivo desde cuentas de la institución a través del Banco Macro, sin que hasta ahora exista una explicación pública y precisa sobre quién se llevó el dinero ni cuál fue su destino.

El caso apunta directamente al período de conducción asociado al cisnerismo dentro de la Caja. La figura del exinterventor José Díaz, vinculado políticamente a ese espacio, aparece en el centro de las miradas por el manejo administrativo y contable de los últimos años.

El Banco Macro, agente financiero de la provincia, intimó a la Caja Popular a justificar cada retiro de efectivo. El requerimiento exige identificar beneficiarios, claves tributarias, motivos de las extracciones y documentación respaldatoria.

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La medida se enmarca en controles del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, que establecen alertas sobre movimientos significativos de efectivo, especialmente cuando se trata de fondos públicos o de organismos estatales.

La situación deja al descubierto un interrogante grave: cómo se retiraron miles de millones de pesos en billetes sin que exista una trazabilidad clara sobre los destinatarios.

El escándalo no aparece aislado. El Tribunal de Cuentas ya había advertido, mediante el Acuerdo N° 5183, que los balances de la Caja Popular no presentaban razonablemente la información. Además, reclamó una deuda de más de $3.381 millones con la salud pública generada durante la pandemia.

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A ese cuadro se suma una investigación penal encabezada por la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, que tiene bajo análisis documentación contable y balances de los últimos cinco años de la Caja Popular.

En términos políticos, el impacto recae sobre el esquema de poder que Cisneros sostuvo dentro del organismo. El volumen de dinero retirado, la falta de explicaciones y los antecedentes de observaciones contables colocan a esa gestión en el centro de una trama que exige respuestas urgentes.

La actual intervención queda ahora frente a la responsabilidad de reconstruir la información, responder al Banco Macro y aportar claridad sobre operaciones que involucran montos extraordinarios.

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El “Valijazo” ya no es solo una denuncia política: es un caso que involucra controles bancarios, alertas antilavado, balances cuestionados y una investigación judicial que podría profundizarse en las próximas semanas.

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