Se niega a pagar un juicio por daños a su propia hija

Hace más de 18 meses que la Cámara en lo Civil y Comercial - Sala I - Vocalía 1 emitió un fallo ejemplar sobre una demanda por daños y perjuicios por falta de reconocimiento paterno voluntario y ordenó al inculpado a pagar una suma de 40 millones de pesos en el término de diez días, pero hasta el momento se niega a ser notificado y a hacer efectivo el pago.

Se trata de una sentencia que estuvo a cargo de la jueza unipersonal Elba Rita Cabezas, que marcó jurisprudencia en la provincia y que sostiene que el derecho a la identidad, a la inmediata inscripción y a la doble vinculación filial debe considerarse como un derecho humano personalísimo. En consecuencia -enfatizó- "la falta de reconocimiento de un hijo, es un hecho ilícito susceptible de producir daños".

El dictamen corresponde al expediente C-026595, que condenó a Carlos Roberto Puch, padre de una entonces adolescente, a pagar 40 millones de pesos en concepto de daño material y moral.

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Una vez cumplidos los plazos legales establecidos, la demandante en nombre de su hija que al momento del fallo era menor de edad, inició el reclamo a la Justicia sobre el notorio incumplimiento de una persona que fue condenada y sobre la desobediencia judicial que ejerce, burlándose de la Justicia.

"Han pasado más de 18 meses desde que la Justicia condenó al progenitor de mi hija y ordenó que para subsanar todo el daño que le hizo a su hija, un monto de 40 millones de pesos. Desde ese entonces sufrimos un verdadero calvario y pese a un fallo a favor, todavía los derechos de mi hija siguen siendo vulnerados", dijo la mujer demandante.

Lo que falta, para que esta medida se de cumplimiento, es la firma de la cédula de notificación del condenado y ese procedimiento está a cargo de los efectivos policiales, que llamativamente en estos 18 meses manifestaron estas justificaciones: no lograron dar con la dirección; se logró dar con la dirección, pero no se encontró al demandado; el demandado ya no reside en ese lugar; tiene dirección desconocida y sus familiares se niegan a brindar información. "Como puede ser posible que todos sepan que trabaja en Rentas y no pueden notificarlo, es absurdo", dijo.

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"Mi abogado Fernando Bóveda solicitó los correspondientes informes a la jefatura de la Policía y al mismo tiempo elevó una nota de pedido de audiencia con el Tribunal que resolvió el caso, para obtener una respuesta concreta sobre esta situación", dijo la mujer.

"Claramente nos encontramos ante una situación de negligencia o de incumplimiento de los deberes a las funciones públicas por parte de los policías y quiero creer que no es a drede. Solo estoy reclamando y haciendo valer los derechos de mi hija, que fue llevada a un juicio, que lo ganamos y hay una orden judicial de que se repare de forma urgente el daño moral que esta persona generó a su propia hija, pero sin embargo se sigue burlando de la Justicia, tal vez se cree intocable porque trabaja en Rentas y los policías no se animan a notificarlo ahí", concluyó.

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