Se debate en Diputados el acuerdo de renegociación de pago con holdouts
Tras la votación de una serie de acuerdos internacionales, la Cámara baja arrancó a las 13.57 el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

Resumen para apurados
A las 13.57 de este miércoles arrancó en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de acuerdo de pago con holdouts, enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa ya cuenta con media sanción y la Argentina tiene como plazo el 30 de junio para su aprobación, lo que se estima suceda hoy.
El proyecto prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001, pero no ingresaron en canjes anteriores.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que "habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes" y permitirá "cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York".
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de "forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción".
Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.
Durante el debate, La Libertad Avanza y el kirchnerismo protagonizaron la discusión con acusaciones cruzadas sobre el origen y pago de la deuda del país a lo largo de los años.
En el rol de miembro informante, el libertario Bertie Benegas Lynch presentó el dictamen de mayoría y arrancó criticando la Ley de Pago Soberano del 2014 y acusó al kirchnerismo: "Fueron irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia".
En virtud del Acuerdo de Conciliación en cuestión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda afirmó que "tenemos la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años". A su vez, destacó que se llegó al número de 171 millones de dólares "después de una larga negociación", y sintetizó: "Se debe a los fracasos de la política".
El oficialista recordó que "pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales", y después defendió que, ahora, "la urgencia tiene motivos: primero, se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; segundo, se nos exime de pagar honorarios legales; y tercero, los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales".
Finalmente, Benegas Lynch explicó que la "urgencia" de sancionar este texto también se debe a la prórroga que vence en seis días (30 de junio): "Si no la aprobamos, se cae el Acuerdo de Conciliación y se renuevan las instancias de litigios". Y cerró con críticas a la oposición: "Va a haber discursos corrosivos porque son los apóstoles del default y no me entra en la cabeza que se vote en contra de esto".
En defensa del dictamen de minoría, el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman salió al cruce de la definición lanzada por Benegas Lynch sobre "los apóstoles del default". "Nuestro país está atravesado por sucesivas crisis financieras vinculadas a procesos de sobreendeudamientos y default, pero si uno revisa en qué ciclos históricos se dieron, la conclusión es exactamente la opuesta de la que acabamos de escuchar", señaló y resaltó que "hoy nos gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó a nuestro país y los llevó a sucesivas crisis". En este sentido, afirmó que "los gobiernos nacionales y populares fueron la excepción a esta regla" y "los que han intentado resolver el problema".
Sobre el proyecto, el opositor aseguró que "lo que se está discutiendo acá es pagarles a fondos buitre. El término holdouts suena mejor, parece más inofensivo, pero no tengan miedo de decir que lo que quieren es pagarle a los fondos buitre, como hace 10 años (en 2016)". Y acusó al Gobierno de que su política económica tiene como objetivo "bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina". Además, sobre la iniciativa, dijo que se "les está dando un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores", algo que no se puede hacer según la ley vigente.
También en contra del proyecto, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá consideró que este acuerdo "es un capítulo nuevo que ya sabemos de qué se trata" y definió lo que es un fondo buitre: "Su única función es tratar de comprar papeles de deuda de algunos países desvalorizados para luego, haciendo juicios, obtener ganancias extraordinarias".
"Se está reconociendo una vez más una deuda completamente ilegítima", cuestionó la bonaerense y subrayó que el monto de 171 millones de dólares "es realmente una fortuna incalculable" para los jubilados que reciben "jubilaciones de hambre", las universidades que "están sometidas a un ajuste y vaciamiento permanente" y "las familias endeudadas".
Avanzado el debate, el oficialista Álvaro Martínez cargó contra la oposición: "Los primeros especuladores de deuda fueron los del kirchnerismo, que especularon no pagando y que la joda la paguen otros. 12 años tuvieron para poder solucionar esto".
"Lo que estamos votando hoy es un acuerdo de una sentencia firme", apuntó el mendocino y sostuvo que "los Estados tienen ante esta situación dos cosas que hacer: la primera es a la que nos tienen acostumbrados en el kirchnerismo, de no hacer nada; y lo segundo, es intentar de pagar lo menos posible y cumplir con la obligación".
Tomó la palabra inmediatamente después de Martínez la formoseña de UP Graciela de la Rosa, quien devolvió: "Estamos frente, no solo a endeudadores seriales, sino a mentirosos seriales. Estamos frente a acuerdos transaccionales con dos sociedades constituidas en las Islas Caimán y en Bahamas. Son fondos buitre que se negaron a entrar en los canjes de 2005 y 2010".
"En la crisis del 2001 no tuvo nada que ver el peronismo", enfatizó la exauditora y precisó que "así como el gobierno de (Mauricio) Macri incrementó la deuda externa en más de 100 mil millones de dólares, este gobierno de (Javier) Milei ya lo hizo antes de terminar y ha endeudado en más de 100 mil millones de dólares nuevamente a todos los argentinos". Además, señaló que la deuda con el FMI fue de "40 mil millones de dólares con Macri y 20 mil millones con Milei".
Con una breve intervención, el diputado nacional Miguel Pichetto tomó las palabras del miembro informante y contestó: "Esto es un juego del sector financiero, de los 'traders', donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios". A su vez, cargó que este Gobierno nacional "ha aumentado la deuda externa que ronda los 80 mil millones de dólares".
En segunda instancia, fue crítico de la redacción de esta iniciativa y alegó que "Esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 (Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional".
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