Santiago Caputo defendió el cambió en la designación de jueces: "Si tienen un problema con eso hay que elegir...

El debate por las reglas de juego para llegar a la cima del Poder Judicial sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Poder Ejecutivo modificara por decreto las condiciones de selección y postulación de los magistrados de laCorte Suprema, el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien apeló a las redes sociales para fijar la postura inflexible del Gobierno.

"La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de compresión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano", arrancó el asesor, para luego apuntar directo al corazón de la norma creada en 2003: "El decreto 222 era una de esas anomalías institucionales que se fabrican como pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo".

Para Caputo, las instancias previas de impugnación ciudadana ante el Ministerio de Justicia que eliminó la nueva reforma eran redundantes. Según su argumento, el verdadero filtro democrático ya existe y está en el Congreso: "El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado".

Finalmente, el asesor trasladó la responsabilidad de la idoneidad de los magistrados a las urnas: "Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes".

En los papeles, la cruzada de Caputo quedó oficializada esta madrugada con la publicación del decreto 467/2026 en el Boletín Oficial. La normativa, que lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, borra la etapa administrativa que permitía observar o cuestionar a los candidatos a la Corte Suprema, la Procuración y la Defensoría ante el propio ministerio. Desde la Casa Rosada defienden la medida argumentando que se trataba de un trámite burocrático que duplicaba funciones y solo estiraba los tiempos sin aportar valor. A partir de ahora, cualquier queja o reclamo social deberá canalizarse directamente en la Cámara alta.

Además de barrer con ese filtro previo, el Ejecutivo aceleró los tiempos. Ya no habrá obligación de publicar las postulaciones en los diarios impresos de tirada nacional; la difusión pasará a ser exclusivamente digital a través del Boletín Oficial y la web de la cartera de Justicia. Por otro lado, le marcaron la cancha a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): el organismo tendrá un límite máximo de cinco días para entregar los informes fiscales y previsionales de cada candidato, resguardando el secreto fiscal. Ese mismo plazo correrá para que los elegidos presenten sus declaraciones juradas de bienes, incluyendo los de su núcleo familiar íntimo.

Elegir jueces: una decisión que define el futuro

A pesar de la reestructuración impulsada por el Gobierno, el corazón del sistema de nombramientos se mantiene intacto. El filtro definitivo seguirá estando en el Senado, donde los postulantes tendrán que enfrentar las audiencias públicas, recibir las impugnaciones formales en la Comisión de Acuerdos y conseguir la aprobación de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto.

Sin embargo, el decreto dejó al descubierto un dato clave. El nuevo texto que redactó Mahiques borró cualquier rastro de la recomendación histórica que la norma de 2003 le imponía al Presidente de la Nación: la sugerencia explícita de contemplar la diversidad de género, la procedencia regional y las distintas especialidades jurídicas a la hora de elegir a los futuros integrantes de los máximos tribunales.

Este rediseño del esquema judicial no cae del cielo. El oficialismo apuró la reglamentación justo después de semanas de máxima tensión en el Senado, donde finalmente logró destrabar y aprobar un paquete de 74 pliegos de magistrados. Con estas modificaciones, la gestión libertaria busca saltar la burocracia intermedia y jugar sus fichas directamente en el terreno legislativo.

TC

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