La protesta de prácticos paraliza los puertos y condiciona el traslado de granos, incluido desde Tucumán
La medida de fuerza mantiene inmovilizados 45 buques, mientras la Prefectura Naval Argentina busca destrabar el conflicto. El origen: un decreto impulsado por Federico Sturzenegger.

Resumen para apurados
La interrupción del servicio de practicaje y pilotaje mantiene paralizados los puertos comerciales de la Argentina por una medida de fuerza de los prácticos, en medio de una fuerte presión de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para que se restablezcan las maniobras.
El conflicto ya afecta a 45 buques del polo agroindustrial que esperan autorización para zarpar y también repercute en el traslado de la producción desde Tucumán y el resto del NOA hacia las terminales portuarias, con riesgo de frenar la cadena logística si la situación se prolonga.
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La medida ya genera un fuerte impacto económico para el sector agroexportador. Según estimaciones privadas, el costo de la demora oscila entre U$S50.000 y U$S100.000 diarios por cada buque. Solo por los 45 barcos que permanecen en línea para zarpar, las pérdidas rondan los U$S4,5 millones por día y podrían alcanzar los U$S9 millones si la paralización se extendiera durante dos jornadas.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que la afectación alcanza a toda la operatoria marítima del país y alertó sobre el riesgo de que el conflicto se propague al resto de la cadena de suministro, según consignó el diario "La Nación".
"La afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados", afirmó.
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El dirigente señaló que una cantidad similar de embarcaciones permanece a la espera de ingresar a la Vía Navegable Troncal o se encuentra fondeada en las zonas preportuarias de Bahía Blanca y Quequén. Además, precisó que el retraso implica un costo de entre U$S50.000 y U$S100.000 por día para cada barco.
Idígoras advirtió que, de continuar la medida de fuerza, el impacto llegará rápidamente al campo. "El productor también va a tener problemas para entregar su mercadería, sus granos a puerto porque también hay una capacidad de almacenamiento y ya se va a colapsar. Por lo tanto, toda la cadena de suministro se va a cortar si esto continúa un día más", sostuvo. Ese escenario también compromete el transporte de cereales provenientes de Tucumán y de otras provincias de la región, cuyos envíos tienen como destino las terminales portuarias del Gran Rosario y otros puertos comerciales.
El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el gobierno de Javier Milei -principalmente, impulsada por Federico Sturzenegger- introdujo cambios en el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de desregular la actividad, fomentar una mayor competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior.
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Los prácticos cuestionan la norma porque consideran que modifica aspectos vinculados con la seguridad de la navegación. Aunque rechazan definir la situación como un paro, sostienen que numerosos profesionales notificaron a las empresas que no están disponibles para prestar servicios mientras analizan el alcance del decreto.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de "abusivo e inconstitucional" y anunció que llevará el conflicto a la Justicia Federal.


La organización anticipó que impulsará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo, además de una denuncia penal contra los firmantes de la norma por una presunta violación del artículo 190 del Código Penal, vinculado con conductas que puedan poner en peligro la seguridad de la navegación.
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La entidad también trabaja junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos en un plan de acción conjunto. El planteo central del sector es que la discusión no puede reducirse a una cuestión tarifaria. Advierten que el nuevo régimen podría afectar la seguridad de las operaciones y la continuidad de los puestos de trabajo.
De esta manera, uno de los principales puntos de controversia quedó planteado alrededor de una pregunta que excede el precio del servicio: hasta dónde puede avanzar la desregulación de una actividad que tiene una incidencia directa sobre la seguridad de los buques, las tripulaciones y las instalaciones portuarias, señaló el sitio Revistapuerto.com.ar.
En ese contexto, la Prefectura Naval Argentina intensificó las gestiones para destrabar el conflicto y restablecer la navegación, ante el impacto que la paralización ya provoca sobre el comercio exterior.
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Por su parte, el gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), Guillermo Wade, explicó que las plantas de molienda continúan operando, pero que la logística marítima permanece completamente afectada porque ningún buque puede ingresar ni salir de los puertos. Indicó que los camiones siguen llegando a las terminales y que se mantienen los cupos mientras exista capacidad de almacenamiento, aunque advirtió que, si la situación persiste, también podría interrumpirse la recepción de mercadería.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó su "más profunda preocupación" por la interrupción del servicio y sostuvo que la medida amenaza seriamente al comercio exterior argentino. La entidad afirmó que la paralización frena exportaciones e importaciones, demora el ingreso de divisas, afecta las cadenas de suministro y expone a los exportadores a mayores costos logísticos y penalidades contractuales.
Además, la cámara consideró que el conflicto evidencia la necesidad de revisar el régimen vigente de practicaje y pilotaje. Si bien destacó la capacidad técnica de los profesionales, sostuvo que un sistema que permite que "la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino" demuestra la urgencia de actualizar la normativa y reclamó la conformación de una mesa de negociación entre el gobierno libertario y el sector para restablecer la navegabilidad.
El practicaje y el pilotaje son servicios de asesoramiento que brindan profesionales habilitados al capitán de un buque para la navegación, las maniobras y el cumplimiento de la normativa. El practicaje se realiza en los puertos, mientras que el pilotaje corresponde a la navegación en ríos, pasos y canales.
Los baqueanos cumplen una función similar en las zonas de baquía obligatoria, donde asesoran al capitán de acuerdo con la habilitación específica que poseen. En los buques extranjeros, además, actúan como delegados de la autoridad marítima.
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