Extorsionaban desde la cárcel a uno de los acusados por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán

Resumen para apurados

Un nuevo capítulo se abrió en la causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán. Tres integrantes del denominado clan Caro, que se encuentran detenidos, fueron acusados de extorsionar a uno de los procesados en el expediente para que no sufriera represalias mientras permaneciera alojado en prisión.

La víctima sería Marcos Nacif, el hombre señalado por la Justicia como el conductor de la camioneta que transportaba la droga. A través de sus hijos, Nacif denunció que los hermanos Walter, Emanuel y Marcos Caro le exigían el pago de U$S 25.000 y la entrega de una camioneta Renault Oroch.

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Según la denuncia, el objetivo de la exigencia era garantizar que Nacif no sufriera ningún tipo de represalia dentro del penal. De acuerdo con fuentes judiciales, la persona designada para recibir tanto el dinero como el vehículo habría sido Denise Lobo, madre de los tres acusados.

La denuncia fue presentada por los abogados defensores de Nacif, Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), y quedó bajo análisis del fiscal Mariano Fernández.

A partir de las medidas solicitadas por el fiscal, la Justicia ordenó un allanamiento en el penal de Villa Urquiza, donde se encuentran alojados los acusados.

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Durante el procedimiento, los efectivos encontraron los teléfonos celulares que buscaban secuestrar, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si existen comunicaciones vinculadas con la presunta extorsión.

Pero la requisa también dejó otro dato llamativo: los investigadores constataron que los acusados se encontraban alojados en una celda con características consideradas privilegiadas, en la que había distintos objetos que no están permitidos para los internos.

La investigación apunta ahora a determinar cómo se desarrolló la maniobra, quiénes participaron y si los teléfonos secuestrados contienen mensajes o registros que permitan acreditar las amenazas y las exigencias económicas.

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La extorsión se produce mientras avanza la causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína, una carga cuyo valor fue estimado en alrededor de U$S 2,3 millones.

El procedimiento se realizó semanas atrás, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron una Toyota Hilux durante un control y descubrieron la importante cantidad de droga.

Por el caso, la Justicia Federal dictó la prisión preventiva para seis acusados, todos procesados por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. Además, se dispuso un embargo de $5.000 millones sobre los bienes de los imputados.

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Entre los principales acusados se encuentra Marcos Nacif, considerado el conductor de la camioneta. El juez federal José Manuel Díaz Vélez no consideró creíble su explicación de que desconocía el contenido de la carga y cuestionó que, por su experiencia como remisero, no hubiera advertido las características del traslado.

También fueron procesados Rodrigo "Icha" Chávez, propietario registral de la Toyota Hilux; Pablo Abraham Pérez, señalado como presunto organizador de la maniobra; Matías Díaz, Enrique Santos Catulo y Ernesto Catulo Chamás.

Mientras tanto, la investigación principal continúa con el análisis de los teléfonos secuestrados durante los procedimientos. Uno de los principales objetivos de los investigadores es determinar quién era el proveedor de la cocaína, cómo ingresó la droga al circuito de distribución y quién era el verdadero propietario de la carga.

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Ahora, a esa pesquisa se suma una nueva línea de investigación: la presunta extorsión que habría comenzado dentro del propio sistema penitenciario y que tendría como víctima a uno de los acusados por transportar los 470 kilos de cocaína.

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