El juez pidió informes sobre la denuncia contra Junta Electoral

El magistrado Esteban Hansen le solicitó al fiscal federal electoral que aporte datos detallados sobre el estado de la denuncia penal por "abuso de autoridad y prevaricato" presentada por los apoderados de la Lista 2 "Celeste y Blanca".

En el marco de las convulsionadas internas del Partido Justicialista - Distrito Jujuy se sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El juez federal N° 1 con competencia electoral, Esteban Eduardo Hansen, requirió ayer al fiscal en la materia que brinde un informe detallado sobre el estado de la denuncia penal impulsada contra la totalidad de los integrantes de la Junta Electoral partidaria local por la mencionada agrupación.

La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada por el mismo juez y el secretario electoral Manuel Gustavo Álvarez del Rivero, en el marco del expediente CNE 9175.

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La acción penal que motivó el requerimiento judicial fue promovida por los dirigentes Hugo Efraín Rainero Garay y Nicolás Adrián Marañón. Apunta de manera directa contra los miembros de la Junta Electoral del PJ distrito Jujuy: Edgardo Santiago Salto, María Luz Llorens, Walter Miguel Rodríguez, Ana Jazmín Anzorena y Pablo Ariel País.

A los apoderados y miembros de la junta se los investiga por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y prevaricato (artículo 269 del Código Penal).

El pedido del magistrado se enmarca en un escenario de fuerte confrontación interna que atraviesa el peronismo jujeño. En los últimos meses, el proceso de normalización electoral ha quedado frenado por medidas cautelares, acusaciones cruzadas por la impugnación de listas y denuncias por irregularidades en la presentación de avales.

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Ante este clima de desconfianza institucional, la Junta Electoral del PJ quedó en la mira por sus decisiones arbitrarias en favor de la Lista 10 "Generación Valiente", al igual que la Intervención judicial encabezada por Federico Prieto.

Supuesta irregularidad

Cabe señalar que el origen de la denuncia penal es que diversos afiliados del PJ de localidades como Palpalá, Libertador y Tilcara denunciaron no haber autorizado el uso de su DNI ni sus firmas para avalar candidaturas en la propuesta competidora, Lista 10 "Generación Valiente".

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A través de la Resolución 15/2026, la Junta Electoral reencuadró formalmente las denuncias de falsificación de firmas e identidad como "renuncias" de los postulantes, otorgándole cuatro horas a la Lista 10 para hacer los corrimientos y reemplazos de candidatos.

El principal argumento de la demanda es que los denunciantes sostienen que la junta actuó sin asidero legal ni jurisprudencial al convertir un ilícito penal en un trámite administrativo de renuncia, permitiendo la subsanación irregular a la lista rival y viciando de nulidad el proceso.

Por eso, los apoderados de la Lista 2 "Celeste y Blanca" solicitaron notificar al interventor federal Bruno N Ferronato, para que dé participación inmediata a la justicia penal federal y dicte una medida cautelar de no innovar para apartar a la Junta Electoral del proceso comicial.

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