El Gobierno cuenta voto a voto para aprobar la polémica Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En una extensa y caldeada sesión, la Cámara de Senadores debatía hasta la madrugada el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Bajo la conducción del presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala —ante la ausencia de Victoria Villarruel por encontrarse a cargo del Ejecutivo—, el oficialismo se entusiasmaba en reunir los votos necesarios para dar luz verde a la iniciativa en general. Sin embargo, cuenta con un escueto margen para asegurar la aprobación en particular, especialmente en los artículos referidos a la reformulación del manejo del fuego y el régimen de desalojos.

El tratamiento del paquete normativo, que nació como derivación directa del Pacto de Mayo y busca hacer operativo el principio de inviolabilidad establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, se destrabó únicamente después de que el Gobierno acepte eliminar el capítulo polémico sobre venta de tierras rurales a capitales extranjeros. No obstante, las múltiples modificaciones acumuladas en el borrador final provocaron fuertes contrapuntos desde los primeros minutos del debate: el presidente del bloque del PJ, José Mayans, junto al senador Agustín Coto —titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante—, protagonizaron un primer cruce cuando la oposición mocionó sin éxito el retorno del texto a comisión argumentando falta de tiempo para analizar el texto.

La fragilidad de los acuerdos quedó evidenciada en la votación de dicho movimiento de rechazo, donde el bloque oficialista y sus aliados lograron imponerse por un estrecho margen de 38 votos contra 31. La nómina que respaldó la continuidad de la sesión integró a senadores del PRO, la UCR, fuerzas provinciales de Neuquén, Misiones, Chubut y Corrientes, mientras que el interbloque Popular, Convicción Federal y legisladores de Santa Cruz, Salta y Córdoba se alinearon en la negativa. Este ajuste numérico encendió las alarmas en el Gabinete, que prevé una definitoria y ajustada disputa voto a voto en la discusión del articulado fino durante la madrugada.

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El clima legislativo se enrareció aún más por el tenso contexto político y social que enmarca la jornada. En las afueras del Congreso de la Nación, diversas organizaciones y movimientos sociales se movilizaron contra el proyecto, provocando severos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que fueron repudiados dentro del recinto por dirigentes como Eduardo "Wado" De Pedro. Decenas de personas resultaron detenidas y heridas en el marco del operativo de seguridad.

Durante los discursos de fondo, las bancadas opositoras volcaron duros cuestionamientos al contenido de la propuesta. El senador chaqueño Jorge Capitanich sostuvo que el proyecto "encubre la facilitación del despojo de los activos de la República" y objetó la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, tildándola de una violación a los compromisos ambientales.

Por el contrario, los defensores de la norma argumentaron que la legislación actual desprotege de forma sistemática a los legítimos dueños de inmuebles. La senadora oficialista Nadia Márquez ejemplificó las demoras judiciales citando casos de usurpaciones prolongadas por más de una década en la Patagonia, donde las órdenes de lanzamiento no lograron ejecutarse de manera efectiva.

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