Echaron a una empleada judicial por tener tres trabajos y deberá devolver 45 millones

La mujer había sido cesanteada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tras cobrar salarios de manera simultánea en el Poder Judicial, una municipalidad y una obra social. Ahora deberá cumplir pautas de conducta y pagar una reparación económica.

Foto: x/@MARCELOFAVAOK

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Una exempleada del Poder Judicial de Río Negro logró suspender el juicio penal en su contra luego de haber sido despedida por desempeñar tres trabajos de manera simultánea y percibir ingresos de distintos organismos mientras mantenía su cargo judicial.

La mujer, que trabajaba en los tribunales de Cipolletti, fue investigada por una presunta defraudación contra la administración pública. Tras el proceso administrativo, el Superior Tribunal de Justicia provincial dispuso su cesantía y determinó que debía devolver más de $45 millones correspondientes al perjuicio económico generado.

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La investigación se inició luego de detectarse que la empleada había utilizado licencias laborales para ausentarse de su puesto en el Poder Judicial mientras, al mismo tiempo, cumplía funciones remuneradas en otros organismos.

Según la acusación del fiscal Diego Vázquez, la mujer fue contratada por la Municipalidad de San Martín de los Andes entre junio y octubre de 2022 y posteriormente por la Obra Social de Petroleros Privados, desde octubre de 2022 hasta agosto de 2024, períodos en los que habría percibido salarios de manera paralela.

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La Fiscalía sostuvo que la exempleada conocía la prohibición existente para los trabajadores judiciales de ejercer otros cargos remunerados, salvo excepciones específicas vinculadas a actividades académicas.

De acuerdo con la imputación, el monto percibido de manera irregular hasta enero de 2025 alcanzaba los $20.669.213, aunque en el ámbito administrativo se calculó un perjuicio superior al contemplar actualización e intereses.

En ese marco, la mujer acordó reintegrar al Estado provincial la suma de $45.278.300,45. El pago fue realizado mediante un esquema de cuatro cuotas mensuales, aunque finalmente abonó las dos últimas antes del vencimiento previsto.

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La devolución del dinero permitió cerrar la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero no puso fin al expediente penal iniciado por el delito de defraudación contra la administración pública.

Para evitar llegar a juicio, la exempleada solicitó acceder a una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. El acuerdo fue aceptado por la Justicia y establece una serie de obligaciones que deberá cumplir durante el período fijado.

Entre las condiciones impuestas figura la obligación de informar y mantener actualizado su domicilio, no consumir alcohol ni estupefacientes y someterse al seguimiento de la oficina encargada del control de las suspensiones de juicio a prueba en Neuquén, donde actualmente reside.

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Además, deberá realizar un pago de reparación económica por $500.000, dividido en dos cuotas de $250.000. El dinero será destinado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño de Cipolletti.

Si cumple con todas las condiciones establecidas por la Justicia, la causa penal podrá extinguirse sin la realización del juicio oral.

La identidad de la mujer no será difundida debido a una decisión del juez de Garantías Juan Puntel, quien autorizó la reserva de los datos personales luego de que la imputada presentara documentación médica y solicitara preservar su privacidad por motivos vinculados con su salud mental.

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