Día del Ñoqui Libertario: motosierra para todos, cargos para los propios

La Libertad Avanza llegó al Gobierno con una promesa repetida hasta el cansancio: terminar con los privilegios de la política, achicar el Estado y barrer con los “ñoquis”. Pero mientras el discurso oficial apuntaba contra empleados públicos, jubilados y universidades, otra lógica comenzó a ganar espacio en oficinas, directorios y delegaciones: la de los familiares, amigos y militantes propios.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional modificó las reglas sobre nepotismo y habilitó el nombramiento de familiares directos en determinadas estructuras del Estado. La primera excepción tuvo nombre propio: Karina Milei, hermana del Presidente, fue designada secretaria general de la Presidencia. Desde entonces, distintos apellidos vinculados al oficialismo comenzaron a ocupar lugares dentro de la administración nacional.

En Tucumán, uno de los nombres centrales de esa trama es Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en la provincia y exministro del Interior de la Nación. Bajo su conducción partidaria, PAMI y ANSES quedaron en manos de dirigentes vinculados a su espacio: Ernesto Raúl Iramain, señalado como su primo, fue designado al frente de la UGL I del PAMI Tucumán, mientras que Alejandro Trápani llegó a la conducción regional de ANSES tras un ofrecimiento que, según reconoció el propio dirigente, partió del Catalán.

El jefe libertario quedó además mencionado en una denuncia presentada ante la Justicia Federal que pidió investigar si utilizó sus vínculos con el Renaper, organismo que dependía del Ministerio del Interior durante su gestión, para facilitar los cambios de domicilio de Federico Pelli.

El diputado modificó dos veces su domicilio en Yerba Buena en menos de 72 horas y el último registro corresponde a un inmueble donde funciona un local comercial. Catalán, que vive en Buenos Aires, hizo lo mismo para inscribir su candidatura: utilizó el local partidario de La Libertad Avanza para fijar domicilio.

El caso Huesen suma otro capítulo. En septiembre de 2025, Rita Liseth Huesen, sobrina del diputado nacional Gerardo Huesen, fue designada por PAMI como titular de la unidad de Políticas Sociales de la Agencia Banda del Río Salí. En 2023 había integrado una lista de candidatos a concejales por Fuerza Republicana.

En el Congreso, Huesen nombró a su esposa, Ana Cristina Boloña, como agente de la planta temporaria de la Cámara de Diputados. A ese círculo se sumaron su hermano Darío Víctor Huesen, concejal de Banda del Río Salí, y María Guevara, pareja de Darío y también integrante del Concejo Deliberante.

Otro nombre es el de Soledad Molinuevo, electa diputada nacional por La Libertad Avanza y actualmente candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán. Antes había sido jefa de la Agencia Territorial Tucumán de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Con cero proyectos propios presentados en la Cámara Baja, es la elegida por Karina Milei para competir por la capital tucumana.

La alianza con el viejo armado de Fuerza Republicana completa otra parte del rompecabezas. El acuerdo entre Javier Milei y Ricardo Bussi —hijo de Antonio Domingo Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad— fue una de las bases del despliegue libertario en Tucumán. Bussi, con una extensa trayectoria en cargos electivos, impulsó a su hija Josefina Bussi dentro de las listas libertarias como candidata a diputada nacional.

La trama se repite, con otros apellidos, a nivel nacional. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, aparecen vinculados a familiares que ocupan lugares en Diputados, el Senado, la Auditoría General de la Nación, ARCA y PAMI.

A eso se suma Tech Security SRL, firma vinculada históricamente a familiares de Martín Menem, que obtuvo un contrato cercano a los $4.000 millones para brindar servicios de custodia en dependencias del Banco Nación.

El apellido Adorni también quedó dentro de la discusión. Francisco Adorni, hermano del exvocero presidencial Manuel Adorni, ingresó al Ministerio de Defensa y luego fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, organismo encargado del sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

Manuel Adorni quedó involucrado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y Francisco Adorni también es investigado por un presunto incremento patrimonial injustificado. En ambos casos se trata de causas en curso y no de condenas.

En la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, también se registraron vínculos familiares alrededor de funcionarios del área. Entre ellos aparecen allegados a María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General, con familiares ubicados en estructuras de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El relevamiento alcanza además a abogados personales, referentes partidarios y militantes que pasaron a ocupar puestos relevantes dentro de organismos nacionales.

Diego Spagnuolo, abogado personal de Javier Milei, llegó a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad. Su paso por el organismo quedó atravesado por una investigación judicial por presuntos sobornos, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios. Esta semana, la Cámara Federal confirmó su procesamiento y el de otras 18 personas en la causa.

A la vez, el exinterventor Alejandro Vilches informó a la Justicia que auditorías posteriores detectaron irregularidades en compras realizadas durante la gestión anterior. Se revisaron más de 500 expedientes y aparecieron contrataciones sin respaldo suficiente, facturas duplicadas, dificultades para seguir los pagos y proveedores vinculados entre sí.

Los informes detectaron además diferencias de hasta 4239% respecto de referencias de mercado. Entre los casos relevados figuran un insumo facturado a ANDIS por $425 millones frente a una referencia de $124,2 millones y una factura de $28,7 millones que, según la auditoría, fue abonada dos veces.

En Seguridad, Silvia Turetzky, vinculada históricamente al espacio de Patricia Bullrich, fue designada directora general de Administración. En Cancillería, Sonia Cavallo Runde, hija del exministro Domingo Cavallo, fue designada representante argentina ante la Organización de Estados Americanos.

Otro episodio que expuso la tensión entre el discurso de la meritocracia y las designaciones políticas fue el de Geraldine Calvella. La militante libertaria, de 23 años, había sido designada para conducir un área del Registro Nacional de las Personas con un salario superior a los $2,7 millones. Renunció antes de asumir luego de que su nombramiento tomara estado público.

No son casos idénticos ni responden necesariamente a una misma modalidad. Pero el conjunto muestra una constante: parentescos, vínculos políticos y alianzas aparecen asociados, una y otra vez, al acceso a cargos públicos.

La motosierra tuvo destinatarios claros: empleados públicos, jubilados, universidades y organismos estatales quedaron en el centro del ajuste. Mientras tanto, familiares, dirigentes, abogados y militantes encontraron lugar en distintas oficinas del mismo aparato estatal.