Desarticulan una red narco que enviaba cocaína líquida en botellas hacia el sur del país
La organización tenía su base en Ramos Mejía, donde procesaba cocaína para transformarla en estado líquido y ocultarla en botellas de vino y productos cosméticos. Seis personas fueron imputadas y la causa quedó a un paso del juicio.
La organización tenía su base en Ramos Mejía, donde procesaba cocaína para transformarla en estado líquido y ocultarla en botellas de vino y productos cosméticos. Seis personas fueron imputadas y la causa quedó a un paso del juicio.
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Desarticulan una red narco que enviaba cocaína líquida en botellas hacia el sur del país Desarticulan una red narco que enviaba cocaína líquida en botellas hacia el sur del país
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Una investigación de la Justicia Federal permitió avanzar contra una organización dedicada al tráfico de drogas que utilizaba una particular modalidad logística para trasladar cocaína líquida hacia el sur del país. La banda tenía su centro de operaciones en Ramos Mejía y utilizaba a personas en situación de vulnerabilidad para transportar los estupefacientes.
La fiscal federal de Morón, Mariela Labozzetta, imputó a seis sospechosos y solicitó la elevación a juicio de una parte de la causa, luego de reunir elementos que permitirían acreditar la existencia de una estructura dedicada al tráfico de cocaína y metanfetaminas.
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La organización habría operado entre abril de 2022 y septiembre de 2024, con una estructura dividida en distintas tareas que incluían el acopio, procesamiento, traslado y comercialización de drogas.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación, la cocaína era adquirida en Bolivia y trasladada hasta una vivienda de Ramos Mejía que funcionaba como laboratorio clandestino.
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En ese lugar, la sustancia era sometida a un proceso químico para convertirla en estado líquido. Luego era colocada dentro de botellas de vino y envases de productos cosméticos para intentar ocultarla durante los viajes.
Los cargamentos eran enviados principalmente hacia Tierra del Fuego y Chubut. Para realizar los traslados, la organización habría captado a mujeres que atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica y social.
La investigación también determinó que la estructura utilizaba esta modalidad principalmente para transportar cocaína, aunque en algunos casos habría incorporado metanfetaminas a sus operaciones.
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La organización quedó al descubierto en Ushuaia
La maniobra fue detectada durante un control realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Ushuaia en 2024. A partir de ese procedimiento comenzó una investigación que permitió reconstruir parte de la estructura y sus mecanismos de funcionamiento.
La causa fue inicialmente investigada por la Justicia Federal de Ushuaia, junto con fiscales de Tierra del Fuego y la Fiscalía de Distrito de Comodoro Rivadavia.
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En julio de 2025, luego de la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el expediente fue remitido a la Justicia Federal de Morón, donde se profundizó la investigación.
Tras nuevas medidas ordenadas por el juez federal Juan Manuel Culotta, se amplió la acusación, se dictaron procesamientos y finalmente se solicitó la elevación a juicio.
Un jefe colombiano está prófugo
La investigación señala como presunto líder de la organización a un ciudadano colombiano que permanece prófugo y sobre quien pesa una orden de captura.
Dos de los imputados fueron vinculados directamente con el supuesto jefe de la estructura, mientras que los restantes habrían cumplido diferentes funciones dentro de la cadena logística, desde el almacenamiento y tratamiento de la droga hasta su traslado y comercialización.
La fiscalía sostiene que la división de tareas y el funcionamiento coordinado de los integrantes permiten hablar de una estructura narcocriminal organizada.
Investigan posibles vínculos con funcionarios
Además del tráfico de drogas, la causa incorporó otros delitos que habrían estado vinculados con el funcionamiento de la organización.
Entre ellos aparecen presuntas maniobras de lavado de activos, utilización de documentación falsa, compra y venta de vehículos robados y amenazas.
La fiscal Labozzetta también pidió profundizar una línea de investigación relacionada con la posible participación de integrantes de fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales que podrían haber brindado información o colaboración a la organización.
Según la acusación, esos posibles contactos habrían permitido a los integrantes de la banda conocer información relevante para evitar controles y mantener activa la logística de los envíos.
La trata de personas, otra de las acusaciones
Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con la presunta trata de personas. La fiscalía sostiene que al menos cuatro personas fueron captadas, trasladadas y utilizadas para transportar los estupefacientes.
Los investigadores determinaron que las presuntas víctimas atravesaban distintas situaciones de vulnerabilidad, relacionadas con dificultades económicas y habitacionales, precariedad laboral y, en algunos casos, antecedentes de violencia de género y relaciones marcadas por situaciones de dependencia.
Para la fiscalía, esas condiciones fueron aprovechadas por los integrantes de la organización para incorporarlas a los viajes y utilizarlas como "mulas" para transportar la droga.
El análisis realizado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata también aportó elementos para evaluar las condiciones en las que se produjo la captación.
La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la estructura y establecer si existieron otros integrantes, colaboradores o funcionarios vinculados con la red.
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