Condenaron a 19 expolicías bonaerenses por extorsionar a narcos y quedarse con cargamentos de droga

El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años de prisión a integrantes de una organización que utilizaba recursos estatales para extorsionar a personas investigadas por narcotráfico, montar causas falsas y apropiarse de estupefacientes para luego comercializarlos.

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Condenaron a 19 expolicías bonaerenses por extorsionar a narcos y quedarse con cargamentos de droga Condenaron a 19 expolicías bonaerenses por extorsionar a narcos y quedarse con cargamentos de droga

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles por integrar una estructura delictiva que utilizaba su función dentro de las fuerzas de seguridad para extorsionar a sospechosos de narcotráfico, manipular procedimientos judiciales y apropiarse de cargamentos de droga.

Las penas llegaron hasta los 17 años de prisión, luego de un juicio oral que se extendió durante casi dos años. El fallo expuso el funcionamiento sistemático de una organización integrada por efectivos que se desempeñaban en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro.

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Según se determinó durante el proceso, los policías utilizaban herramientas y recursos oficiales para seleccionar arbitrariamente a sus objetivos, exigirles dinero a cambio de evitar consecuencias judiciales y quedarse con parte de los cargamentos de droga.

El operativo "Leones blancos"

Uno de los hechos centrales de la causa fue el denominado operativo "Leones blancos", ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta ubicada en el partido de Moreno y vinculada al clan Loza.

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De acuerdo con la investigación, los agentes montaron un procedimiento a partir de una supuesta denuncia anónima y simularon el secuestro de casi media tonelada de cocaína. Al mismo tiempo, se apoderaron de otra cantidad similar de droga que estaba dentro de un vehículo perteneciente a la organización investigada.

El cargamento sustraído fue valuado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares. Posteriormente, la droga habría sido trasladada hasta Santa Clara del Mar para su distribución en la costa atlántica y su eventual salida hacia circuitos internacionales mediante envases termosellados.

Por este episodio fueron condenados varios integrantes de la cúpula de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron las penas más altas, tras ser considerados responsables de delitos que incluyeron falsedad ideológica, uso de documento público falso, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

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También fueron condenados los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, quienes recibieron penas de 14 años y seis meses de prisión. La sargenta Tamara Silvina Machuca, en tanto, fue sentenciada a 11 años de cárcel.

Una estructura que operaba en distintas causas

La investigación determinó que el accionar no se limitaba al caso "Leones blancos". Los investigadores detectaron maniobras similares en expedientes identificados como "Bustamante", "Basaldúa", "Acosta" y "Santellán".

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En esas causas se acreditaron episodios de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, pedidos de dinero para evitar imputaciones y presuntos armados de expedientes judiciales con participación o complicidad de integrantes del sistema penal.

En el caso de la estructura que operaba desde San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. El sargento Santiago Ignacio Cabré recibió una pena de 14 años, mientras que el teniente Mario Alberto de Armas fue condenado a 12 años.

El fallo también alcanzó a civiles vinculados con la organización. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas de ejecución condicional y recibieron inhabilitación especial para ejercer la profesión, tras ser considerados integrantes de la asociación ilícita y partícipes en hechos de extorsión y cohecho.

Investigación sobre otros funcionarios

El tribunal absolvió a seis de los acusados y ordenó enviar parte de las actuaciones a la etapa de instrucción para profundizar la investigación sobre otros posibles responsables.

Entre ellos aparece el exfiscal provincial Claudio Scapolan, quien fue destituido, además de otros funcionarios judiciales y policiales que podrían haber tenido participación en las maniobras investigadas.

Durante su alegato, los fiscales Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly remarcaron que, a su criterio, el caso no expuso simples hechos aislados de corrupción, sino una utilización coordinada de las facultades del Estado para intervenir ilegalmente en el negocio del narcotráfico.

Por la gravedad institucional de los hechos, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez resolvieron remitir los fundamentos del fallo al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial.

El objetivo de esa medida es que los organismos adopten mecanismos preventivos para evitar que estructuras de características similares vuelvan a operar dentro de las fuerzas de seguridad.

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