Causa Vialidad: embargaron propiedades de Cristina Kirchner, entre ellas el departamento de San José 1111
El Tribunal Oral Federal N° 2 también ordenó embargar bienes y activos comerciales vinculados a la ex presidenta y a otros integrantes de su familia, en el marco del recupero de los $685.000 millones.
Resumen para apurados
El Tribunal Oral Federal N° 2, que interviene en la causa Vialidad, dispuso el embargo de un conjunto de propiedades y activos comerciales vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y otros integrantes de su familia, como parte de las medidas destinadas a recuperar los $685.000 millones establecidos como perjuicio patrimonial al Estado.
Entre los bienes alcanzados por la resolución se encuentra el departamento ubicado en la calle San José 1111, donde la ex presidenta de la Nación cumple prisión domiciliaria. La medida también comprende propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz.
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El Tribunal aclaró que los embargos no implican un remate inmediato de los inmuebles ni modifican su titularidad. La resolución establece su indisponibilidad jurídica con el objetivo de impedir transferencias o la constitución de gravámenes mientras se define el decomiso definitivo, consignó el sitio Infobae.
La resolución del TOF N° 2 también incluyó un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero.
Las medidas forman parte de los avances de la Justicia Federal para hacer efectivo el recupero del perjuicio patrimonial fijado en la sentencia de la causa Vialidad.
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En Santa Cruz, el embargo alcanzó múltiples terrenos y edificaciones. Entre ellos se encuentra el predio donde funciona el hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad.
También fueron incluidos inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos. El listado comprende el chalet de Cristina Fernández de Kirchner ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas situadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron y fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ambos no fueron condenados en este expediente.
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En su resolución, los magistrados recordaron que la sentencia de Vialidad consideró probado que las maniobras defraudatorias generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
Según surge del fallo, el juicio también acreditó una estrecha relación comercial a partir de la cual las empresas de Báez alquilaron, construyeron y explotaron los hoteles de la familia Kirchner mediante las sociedades Los Sauces y Hotesur.
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