"Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal", afirmó la diputada Pagano

Resumen para apurados

La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano (Provincia de Buenos Aires), apuntó contra los envíos realizados por el gobierno de Javier Mileia tres distritos dialoguistas, Jujuy, Misiones y Tucumán, en momentos en que se encontraban bajo debate en el Congreso iniciativas consideradas fundamentales por la Casa Rosada.

"Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: los 'aliados' recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima", señaló Pagano en sus redes sociales.

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Los datos que difundió la diputada nacional, en rigor, habían sido publicados en el diario "La Nación".

En un hilo de "X", afirmó que Milei "manoteó" los recursos de "la caja que surge del impuesto al combustible". "Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que le votaban las leyes, usando como cajero al Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo (cuevero de baja monta)", lanzó la legisladora.

En línea con el informe periodístico, Pagano remarcó que "los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes". "No es casual, presionan hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos cuyo destino es incierto (nadie ve obras viales en marcha)", aseveró.

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Luego, consignó una "lista de precios" por cada iniciativa: "La Reforma Laboral, $17.139 millones (11-13 de febrero); la Ley de Glaciares, $12.551 millones (8-10 de abril); Hojarasca y Zonas Frías: $14.096 millones (19-21 de mayo). El total: $33.786 millones en tres votaciones. El 52,7% de todo lo pagado en cinco meses", enumeró.

Agregó otra nómina de proyectos abordados en el período 2024 y 2025: la Ley Bases; el DNU del FMI; Ficha Limpia; y vetos a jubilados y discapacidad.

"¿Quiénes son los gobernadores que cedieron a la extorsión de Javier Milei? Sadir (Jujuy): $11.987 millones vía la empresa de la ruta 34 — 97,5%, cobrado en días de votación. Rovira (Misiones): $13.493 millones vía la UTE de la ruta 105; Jaldo (Tucumán): $2.322 millones a su Vialidad, en las tres ventanas; Vidal (Santa Cruz): $2.104 millones, el único pago del año, la víspera de una votación; y Sáenz (Salta): $1.787 millones a su Vialidad, también en ventanas", aseveró la diputada nacional.

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Sostuvo a su vez que "en las votaciones correspondientes, los legisladores de estos cinco gobernadores acompañaron al Gobierno. Todas las veces. ¿La ruta? Ni te la arreglan: la 307 de Tucumán lleva de tres años de atraso y menos del 20% hecha, pero cobra puntual el día de la sesión", indicó.

"No pagan asfalto: pagan manos levantadas. Mientras, más de $1 billón de la caja duerme en plazos fijos. Cómo dijo (el vocero presidencial Adrián Osvaldo) Ravier, parte de esos impuestos 'la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal'. Traducción: confiesan que la plata de tus rutas se usa para otra cosa, para hacerte creer que se terminó el déficit fiscal. Por eso los denuncié penalmente: administración fraudulenta, cohecho y malversación. Pedí cada certificado con fecha de aprobación, de pago y la firma del que lo liberó. Es la misma caja de la causa Vialidad, la de la condena firme. Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba, le cayó al mismo juez, (Julián) Ercolini. Esperemos que aplique su propio precedente", finalizó Pagano.

Desde el Gobierno tucumano desestimaron los dichos de la diputada nacional. "(El envío de fondos) es algo que está contemplado en el convenio marco que se firmó en 2024 entre la Nación y la Provincia", explicó el ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, ante una consulta de LA GACETA. Recordó que este instrumento había establecido un sistema de financiamiento de determinados proyectos en marcha -entre ellos, el segundo tramo de la ruta 307- con participación de recursos de origen federal, girados en este caso a través del SisVIal. "Esos montos fueron aplicados a la cancelación de certificados de obra", agregó. Y apuntó que tampoco se trataba de cifras "significativas" con relación a las sumas que requieren estas obras de infraestructura.

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