Belgrano Cargas: el Gobierno limita a empresas estatales extranjeras en la licitación
El pliego de la privatización establece que las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros no podrán participar de la licitación. Aunque la medida es conocida como la "cláusula anti-China", la restricci&oacut…
El pliego de la privatización establece que las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros no podrán participar de la licitación. Aunque la medida es conocida como la "cláusula anti-China", la restricción alcanza a empresas estatales de cualquier país.
Crédito: Foto: Prensa Presidencia
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Belgrano Cargas: el Gobierno limita a empresas estatales extranjeras en la licitación Belgrano Cargas: el Gobierno limita a empresas estatales extranjeras en la licitación
El Gobierno de Javier Milei incorporó una condición particular al proceso de privatización del Belgrano Cargas: las empresas controladas por gobiernos extranjeros no podrán competir por la concesión de las vías ferroviarias.
La medida es conocida como la "cláusula anti-China", aunque el pliego no menciona específicamente a ese país. La restricción alcanza a sociedades cuyo control, directo o indirecto, esté en manos de un Estado extranjero, incluidos organismos públicos y empresas estatales.
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El objetivo es evitar que gobiernos de otros países puedan quedar al frente de una infraestructura considerada estratégica para la Argentina. La condición ya fue utilizada por la actual administración en otros procesos vinculados con infraestructura, como la concesión de la Hidrovía.
La cláusula no impide la participación de todas las compañías extranjeras. Una empresa privada de otro país podrá presentarse si cumple con los requisitos establecidos, mientras que quedarán excluidas aquellas que tengan control estatal extranjero.
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La privatización contempla la concesión durante 50 años de las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La red operativa alcanza unos 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias, bajo un esquema de "open access" que permitirá a otras empresas utilizar las vías mediante el pago de un peaje.
El Gobierno estima que el proceso podría movilizar alrededor de US$1.000 millones en inversiones. Los interesados competirán en función de las inversiones comprometidas y el valor del peaje que cobrarán por el uso de la infraestructura, mientras que determinados proyectos podrían acceder a los beneficios del RIGI.
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